ICE desobedeció las prioridades de deportación de Biden y se apegó a las de Trump

Un tercio de las acciones policiales de ICE durante el primer año de Biden en el cargo se dirigieron a personas que no representaban una amenaza para la seguridad pública.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos desobedeció las directrices de la administración Biden para limitar sus arrestos de inmigrantes y priorizar la deportación de migrantes que representan amenazas a la seguridad fronteriza, la seguridad pública y la seguridad nacional.

Poco después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, su administración ordenó a ICE que priorizara las acciones contra las personas que representaban riesgos para la seguridad. Un nuevo informe del Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo de defensa sin fines de lucro, encontró que alrededor de un tercio de los arrestos de ICE entre febrero y noviembre de 2021, en el primer año de Biden en el cargo, involucraron a personas que no se consideraban riesgos para la seguridad o la protección pública. La mitad de las solicitudes de ICE a las autoridades locales para detener a un migrante (llamadas “detenciones”) durante el mismo período se llevaron a cabo contra personas que no se consideraban riesgos para la seguridad.

“ICE se estaba saliendo de estas prioridades”, dijo Raúl Pinto, abogado senior del Consejo Estadounidense de Inmigración que redactó el informe, sobre las órdenes de Biden. “Al final del día, ICE no estaba siguiendo sus propias reglas”.

La administración Biden emitió una guía sobre las nuevas prioridades de aplicación de ICE en enero y febrero de 2021. Las políticas del expresidente Donald Trump convirtieron en una prioridad oficial atacar a cualquiera que estuviera en los EE. UU. sin autorización.

Las nuevas directrices de Biden pedían a la agencia que priorizara grupos de personas consideradas por el Departamento de Seguridad Nacional (la agencia matriz de ICE) como amenazas a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, y que usara discreción en casos que quedaran fuera de esos categorías.

Un memorando de febrero de 2021 exigía que los agentes obtuvieran un permiso por escrito para arrestar, detener y expulsar a personas que no se consideraran riesgos para la seguridad. El memorando también exigía que ICE recopilara datos sobre las acciones de aplicación de la ley y presentara informes semanales de todas las ejecuciones y deportaciones.

En los nueve meses posteriores a la emisión de esa guía, ICE dirigió al menos un tercio de sus acciones policiales contra personas que no eran consideradas amenazas a la seguridad. Los agentes de ICE aprobaron medidas coercitivas en casos no prioritarios el 89,5 por ciento de las veces. En el 11 por ciento de los casos revisados, se tomaron medidas coercitivas antes de que un oficial de ICE solicitara aprobación.

El informe dice: "Estos datos sugieren que el proceso de aprobación previa de ICE no sirvió como un control importante de la agencia, sino en gran medida como un sello de aprobación para las acciones de los agentes".

El informe del Consejo Estadounidense de Inmigración se publicó cuatro días después de que la Corte Suprema fallara contra los estados que habían luchado ante los tribunales contra las directrices de aplicación más estrictas. Tanto Texas como Luisiana habían desafiado el cambio. El 23 de junio, el tribunal superior falló 8-1 a favor de la administración Biden, permitiendo que las directrices se mantuvieran.

El fallo fue una victoria para la Casa Blanca, que ha tenido dificultades para hacer cumplir algunos de sus esfuerzos para revertir las políticas antiinmigrantes de Trump y los funcionarios republicanos han tratado de bloquear los cambios en los tribunales.

La decisión de la Corte Suprema también presiona a la administración de Biden para que aplique de manera más agresiva las propuestas de inmigración humanitaria que presentó en 2020.

Los defensores de la inmigración aplaudieron la decisión y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la agencia reanudaría la adopción de las directrices de aplicación reducidas.

No está claro que eso haya sucedido todavía, dijo César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio. La decisión del tribunal devuelve el poder a la administración de Biden, dijo: “Depende de los líderes del DHS y del ICE garantizar que su personal de campo, los agentes del orden, realmente estén haciendo lo que los superiores les piden. "

Los datos del informe del Consejo Estadounidense de Inmigración cubren los primeros meses de la administración de Biden. Se necesita tiempo para implementar cambios de política en una agencia en expansión como el Departamento de Seguridad Nacional, dijo García Hernández. Pero ICE también tiene un historial de cambios lentos en las políticas de inmigración bajo administraciones demócratas, una dinámica que se remonta a la administración Obama. “Esos antecedentes hacen que sea razonable ser escéptico sobre cuán dispuestos están los oficiales de ICE a alejarse de las duras tácticas de aplicación de la ley de la administración Trump y acercarse al enfoque más humanitario de la administración Biden”, dijo.

La Casa Blanca dirigió preguntas al Departamento de Seguridad Nacional, que no respondió a una solicitud de comentarios.

Las directrices finalizadas emitidas por Mayorkas en septiembre, que entraron en vigor en noviembre de 2021, eliminaron algunos requisitos de recopilación de datos y presentación de informes del memorando de política original de la administración.

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El Congreso exige informar sobre los requisitos de detención, pero las agencias tienen un enorme margen de maniobra sobre qué información reportan y cómo lo hacen, dijo García Hernández: “Ésta es una de las dificultades de rastrear lo que hace ICE”.

Los defensores de la inmigración dijeron que la decisión del tribunal allanó el camino para que la administración Biden retrocediera en las políticas de expulsión indiscriminada de Trump. Sin informes estandarizados sobre las acciones de aplicación de la ley, será difícil garantizar que eso suceda, dijo Pinto, del Consejo Estadounidense de Inmigración. La organización está tratando de presionar a la administración para que mejore la recopilación de datos sobre las acciones de cumplimiento.

"Si no hubiera sido por los requisitos de recopilación de datos en el memorando del 18 de febrero, no sabríamos que casi el 35 por ciento de las acciones policiales fueron para actividades que estaban fuera de las prioridades", dijo Pinto. "El mantenimiento de datos es extremadamente importante para la supervisión del ICE".

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